AFP - El ministro de Deportes de Brasil, Orlando Silva, a cargo de la organización del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, es el quinto miembro del gabinete de Dilma Rousseff acusado de corrupción y será investigado por la policía y la justicia.El ministro Orlando Silva niega tajantemente las acusaciones, pero la imagen del país, cuyo gobierno ha perdido a cuatro ministros en pocos meses por acusaciones de corrupción, ya ha sido perjudicada, estiman los expertos."La imagen del país está ciertamente afectada. (La cartera de Deportes) es una área muy vulnerable, muy visible, responsable de los preparativos de la Copa del Mundo", dijo el martes a la AFP el politólogo Fernando Lattman-Weltman, investigador de la Fundación Getulio Vargas. "El daño que causa a la credibilidad del país para acoger la Copa y los Juegos (Olímpicos de 2016) es muy grande. Si la denuncia tiene fundamentos, debe ser investigada inmediatamente", añadió.El ministro fue acusado por un policía de liderar un esquema de desvío de dinero público hacia ONG vinculadas con su partido, el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), y de recibir sobornos en el garaje del ministerio, en un artículo publicado el fin de semana por la revista Veja. El policía, que también pertenecía al PCdoB, dirigía dos organizaciones de kung-fu y fue detenido el año pasado, acusado de apropiarse indebidamente de dinero de un programa gubernamental destinado a alentar la práctica del deporte entre jóvenes pobres."Quiero rechazar la publicación de informaciones que son falsas, que no tienen consistencia", dijo Silva el martes al defenderse de las denuncias en el Congreso. El ministro calificó al policía que lo acusó de "delincuente" y advirtió del riesgo de instaurar en Brasil "una inquisición moderna" donde "se acusa a la gente sin pruebas".Silva pidió el lunes ser investigado por la policía federal y la fiscalía, que anunciaron planes para ello, tras regresar rápidamente desde la ciudad mexicana de Guadalajara (donde se celebran los Juegos Panamericanos) para dar explicaciones.La presidenta Dilma Rousseff no asumió personalmente su defensa, pero hizo hincapié en la presunción de inocencia. "Presumimos su inocencia, él se ha manifestado con mucha indignación respecto a las acusaciones. El gobierno sigue atentamente todas las denuncias, los esclarecimientos y las investigaciones", dijo Rousseff el lunes en Pretoria, donde participa en una cumbre con sus homólogos de Sudáfrica e India. Rousseff indicó no obstante que es preciso endurecer las reglas para hacer frente a "fragilidades en los convenios" del gobierno con ONG.Según el diario O Globo, la posición de Silva puede verse más perjudicada si la FIFA o el Comité Olímpico Internacional presionan por su salida del gabinete."Este es un caso típico de Brasil, que confirma la gran vulnerabilidad del Estado frente a la corrupción debido a la manera en que es administrado", indicó a la AFP Claudio Abramo, director de Transparencia Brasil. "El gobierno distribuye tradicionalmente millares de cargos en la administración a cambio de apoyo político, es esto lo que genera corrupción", explicó.Abramo aseguró que Brasil distribuye políticamente 90.000 cargos sólo en la administración federal (sin tener en cuenta los gobiernos estatales y municipales), contra unos 9.000 en Estados Unidos, 500 en Alemania y Francia y unos 300 en Gran Bretaña.La salida del gabinete de cuatro ministros en 100 días tras acusaciones de corrupción, y escándalos en el Congreso, han inspirado multitudinarias protestas convocadas a través de las redes sociales, reclamando una "limpieza" en la administración pública.Rousseff es sin embargo percibida como una presidenta que ha buscado hacer frente a la corrupción con mayor determinación que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y goza de una amplia popularidad de más del 71%.Tras un bombardeo de denuncias en prensa, en septiembre dimitió el ministro de Turismo, en agosto el de Agricultura, y antes lo habían hecho el de Transportes y el jefe del gobierno.